En concreto, se han tratado asuntos como la gestión de los fondos de la ‘X Solidaria’ del IRPF o la situación de la mujer en el ámbito rural, una cuestión especialmente importante en una Comunidad con una dispersión geográfica tan importante como es Castilla y León.

 

Del mismo modo, se ha reclamado la recuperación progresiva de las cuantías de las prestaciones por autonomía personal y atención a la dependencia, hasta alcanzar niveles de inversión similares a los de 2012, momento en que comenzaron los recortes por la crisis económica.

 

En relación con el mercado laboral, se ha puesto de relieve la importancia de reforzar medidas que contribuyan a favorecer la inserción laboral de las personas con discapacidad. Además, se ha valorado positivamente la reserva de un porcentaje de contratos para centros especiales de empleo y se ha evidenciado la necesidad de incorporar cláusulas sociales a los pliegos de contratación.

 

En el ámbito sanitario se ha pedido que se avance en la creación de un espacio sociosanitario común; la mejora de la accesibilidad no solo de carácter arquitectónico, sino también eliminando barreras de comunicación; renovar el catálogo ortoprotésico, y la elaboración de protocolos de atención a pacientes con discapacidad en los servicios de urgencias y emergencias.

 

Por otra parte, en materia de educación, se ha reclamado desde el CERMI CyL la creación de un órgano de resolución de conflicto en el ámbito regional que entienda de las discrepancias de las familias ante un dictamen de derivación a la escuela convencional. Este punto está ya recogido en el plan de Atención a la Diversidad de Castilla y León.

 

Por último, se ha exigido el cumplimiento de las obligaciones legales de accesibilidad, que España incumple de manera flagrante desde el pasado 4 de diciembre de 2017, advirtiendo además de que el CERMI CyL permanecerá alerta para denunciar las situaciones de inaccesibilidad que vulneren la ley.